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LOS DERECHOS HUMANOS Y LA
AUTODETERMINACION. EL CASO DE CUBA
Autores:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Coordinador. Carmen
Chinas Salazar, Martha Elvia García García,
José Santos Cervantes, Santos Urbina Mendoza.
Coautores. Edición: Nueva Democracia,
APN y Movimiento Juarista Bolivariano por la Soberanía y la Unidad
de América Latina y el Caribe. México. 2003.
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Los fusilados
Por Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Era el 11 de abril de 2003. Tres cubanos, sentenciados a la pena capital, fueron fusilados. Se trataba de los cabecillas de un secuestro frustrado que amenazó la vida de personas inocentes, mujeres y niños entre ellas. Tenían antecedentes. Eran delincuentes muy peligrosos. Se les aplicó la ley, en este trabajo se demuestra así, y fue de modo implacable.
Sin embargo, sólo siete días después sería la votación en Ginebra. Desde Miami y desde Washington los enemigos de Cuba se frotaron las manos. El hecho les venía como anillo al dedo. Ahora tenían todos los elementos para lograr una condena abrumadora contra ese país, estimaron. Y no sólo en Ginebra, más allá, en la opinión pública generalizada, en el mundo entero. Estalló el escándalo. Se dio marcha al linchamiento mediático. Se acusó a Cuba de todo. Salvajismo, atropello, dictadura, en fin.
Los hechos. El 2 de abril la lancha Baraguá llevaba su pasaje como era habitual. Recorría la bahía, iba de La Habana a Casablanca y Regla. Llevaba muchas personas a bordo. Era la 1.30 de la madrugada. De pronto se le observó que se desvió de su ruta. Enfiló hacia alta mar, rumbo a la Florida. No era una lancha adecuada para eso. El mar estaba picado. Corría peligro. Dos embarcaciones de Guardafronteras partieron para darle acompañamiento. Cuba tiene una política para esos casos. No interceptar en el mar, se pueden dar accidentes. Sólo seguirlas para prestarles auxilio en caso de necesidad.
A las 3.00 a. m. el radio del puesto de mando de Guardafronteras recibe un llamado. Viene de la lancha Baraguá. Una voz afirma que hay 50 personas a bordo, de 6 a 8 niños entre ellas. Exige se le proporcione al grupo autor del secuestro una embarcación para continuar el viaje a la Florida. La lancha está a 30 millas de las costas de Cuba, en aguas internacionales. Se han quedado sin combustible. Están armados. Los rehenes empezarán a ser lanzados al mar si no se cumple de inmediato la exigencia, amenaza esa voz.
La autoridad le responde. Llama al grupo a desistir. Sus delitos son graves. Secuestro. Terrorismo. Las leyes de Cuba y los tratados internacionales los condenan. Además, los riesgos son muchos. Las condiciones del mar ponen en peligro las vidas de todos. Todavía pueden reflexionar.
El tiempo corre. Los secuestradores se irritan. Reiteran sus amenazas. Están decididos. Si no se accede pronto a sus demandas morirán los primeros rehenes. De no haber embarcación, entonces exigen combustible para seguir el viaje en la Baraguá. La respuesta. Liberen a los rehenes o no habrá combustible. Se discute. No los liberaremos, son nuestra garantía de seguridad. Al revés. Sólo su liberación podría garantizar las vidas de los secuestradores. El asesinato sólo agravará el delito y sus consecuencias.
Amaneció. Luego de horas de tensión, de jaloneo, de batalla sicológica entre autoridades y secuestradores, éstos al fin aceptan liberar sólo a tres rehenes. Ni uno más. Entre los liberados está Isabel Hernández. Trabajadora por cuenta propia, Isabel les dijo que estaba embarazada. No era verdad, pero de algo le ayudó el ardid para ser incluida en ese pequeño grupo de tres. Su vida quedaba a salvo. No así la de sus compañeros de odisea.
La contraparte estadounidense había sido puesta al tanto de manera oficial y oportuna. Desde las primeras horas de la madrugada. En efecto, hay convenios firmados contra el secuestro y el terrorismo. Y contra el tráfico de drogas y la migración ilegal. En ese marco, los mensajes van y vienen. Aparentemente habrá cooperación. Sin embargo, no se da. Al contrario. A las 11:09 llega el aviso. Washington resolvió que en este caso se aplicaba la Convención para la Supresión de Actos Ilegales contra la Navegación Marítima de 1988, que establece que el país de la bandera del barco tiene la responsabilidad de actuar y resolver el problema, según los medios a su alcance. Es decir, dejaba toda la responsabilidad a Cuba. Quedaba claro. Lo que Washington quería era sacar beneficios del problema. En términos de propaganda y de su proyecto de agresión total contra Cuba. Y para esos fines, esperaba que se produjera una tragedia.
Isabel Hernández, ya liberada, dio información valiosa. Sus datos completaron los que ya tenían los mandos cubanos. Sabían cuántos eran los delincuentes, once. Sabían con qué armas contaban, de fuego y blancas. Tenían ya un cuadro muy completo de la situación. Evaluaron las alternativas. Acercaron lanchas rápidas. Desplegaron a quince combatientes de la Brigada Especial de la Policía. También a los hombres rana. Todo estaba preparado para cualquier decisión. La que se tomara en el momento preciso. Y llegó.
Dos turistas francesas propiciaron el clímax. Los pillos las llevaron a la cubierta para mostrar cómo se disponían a matarlas si no se satisfacía en el acto su demanda de combustible. Serían las primeras víctimas. Contaban con el hecho de que eran extranjeras. Y que las autoridades cubanas temerían al escándalo que sus muertes ocasionarían en el mundo. Esa era su pieza principal de chantaje. Pero no les funcionó. Las propias turistas les desbarataron los planes. Actuaron con gran lucidez y valor. Una de ellas, la primera, estudió la situación y se lanzó al agua tras hacerle alguna seña discreta de lo que se proponía hacer a uno de los combatientes de la Brigada Especial. Este aprobó la arriesgada maniobra con otro gesto. Seguidamente se tiró la otra. Causaron desconcierto entre los delincuentes. Uno de ellos se lanzó en su persecución. Otro fue atacado en ese momento por un oficial del Ministerio del Interior. Le tiró el arma y cayó al mar. Muchos otros pasajeros aprovecharon el momento, se lanzaron también al mar. Actuó entonces la Brigada Especial. Ocupó la lancha y capturó a los secuestradores. El desenlace fue feliz.
Poco después los once secuestradores se vieron sometidos a juicio sumario. Fueron condenados a distintas penas, según la gravedad de su participación y otros factores, como sus antecedentes delictivos. Tres de ellos, Lorenzo Copello Castillo, Bárbaro Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaad, a la pena capital. Y fueron ejecutados. Los once tuvieron el pleno ejercicio de todos sus derechos. Sin embargo, el escándalo fue mayúsculo. Los medios, que venían alimentando la campaña contra Cuba por los juicios a los 75 acusados de conspirar al servicio de Estados Unidos, se encontraron de pronto otro filón que explotar. Y decidieron sacar de él el mayor provecho. Promovieron la confusión entre unos y otros procesos. Si los mercenarios eran “disidentes” y “luchadores por la democracia”, los terroristas también podrían serlo, qué más da. “Víctimas inocentes” de la “feroz dictadura de Castro”. “Muertos por sus ideales”. Y otras patrañas más. Todo lo armaron bien. Tanto, que lograron atrapar en su red a un buen número de incautos de buena fe que se creyeron aquello de que Cuba derramaba sangre inocente de manera cruel. Algunos de ellos, con cierto nombre y fama pública. Con sus opiniones, la campaña de Miami y Washington se vio fortalecida.
La pena de muerte. La pena de muerte existe en muchos países del mundo. En 90 para ser exactos. Entre ellos México, si bien aquí no se aplica a causa de que, estando en la Constitución, no está reglamentada. Pero sí existe y se aplica en Estados Unidos, por ejemplo. Y con sobrada abundancia. Los ejecutados, desde 1976, año en que se restauró esta pena, hasta inicios de 2000, sumaron 6,324 (139). Con una tendencia al aumento. Es decir, 263 por año, en promedio. Casi un ejecutado diario. Y la tendencia es creciente. En los últimos ocho años el promedio de ejecutados ha sido de 403 (140). No sólo eso. La pena de muerte en ese país se aplica con un claro sentido racista. Más del 54% de los ejecutados son minorías raciales. En Estados Unidos los mexicanos son condenados con frecuencia a la pena capital sin que se respeten sus derechos humanos. A inicios de julio de 2003 había 52 connacionales penados a muerte. De ellos, a 48 se les violaron sus derechos más elementales (141). Texas, Virginia y Florida tienen el más alto índice de racismo en la pena de muerte, el más alto porcentaje de negros y, el de latinos, llega al 85%. ¿Injusticia? Sí, sin duda alguna. Racista y social. "La pena de muerte se abate sobre los pobres, los ignorantes y los miembros subprivilegiados de la sociedad (...) Uno busca en vano en nuestras crónicas la ejecución de algún miembro de los estratos influyentes de nuestra sociedad pero éstos nunca reciben condenas a muerte"(142). Florida nunca ha ejecutado en la silla eléctrica a blancos por la violación o asesinato de víctimas negras. Los blancos, sean hombres o mujeres, nunca reciben condenas a muerte por el asesinato de negros. Ese grado de injusticia existe. Más todavía. Estados Unidos es de los pocos países del mundo que aplican la pena de muerte a menores de edad. Por su parte, George W. Bush es y ha sido un entusiasta de la pena de muerte. La aplicó con ligereza en sus tiempos de gobernador de Texas. Y al respecto ha declarado “yo apoyo la pena de muerte. Siempre he creído que la pena de muerte puede evitar crímenes, puede disuadir a asesinos en potencia, puede salvar vidas”.(143)
Cuba es uno de los noventa países del mundo donde existe la pena de muerte. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, se aplica de manera excepcional. En 2001 y en 2002 no se ejecutó a nadie(144). Fidel Castro, a diferencia de Bush, se ha declarado en contra de la pena capital. Ha dicho que sólo se mantiene por las condiciones que vive Cuba, bajo el constante asedio por parte de Estados Unidos, la potencia bélica más grande de la historia. Es una de sus medidas de protección, de sobrevivencia. Como se ve, hay diferencias enormes entre estos dos países en este tema. A favor de Cuba, desde luego. Y cuando se ven las cosas así, desde un punto de vista comparativo, es cuando menos se puede compartir la opinión de quienes reaccionaron con tanto desenfreno por la ejecución de los tres secuestradores y no elevan su voz frente al a todas luces injusto derramamiento de sangre que produce a diario la poderosa potencia. No hay congruencia.
También en el ámbito comparativo sale bien librada Cuba frente a lo que acontece en varios países de Europa. Gran Bretaña abolió la pena de muerte, es cierto, pero ha recurrido a la ejecución extrajudicial que sin duda es mucho peor –una verdadera forma de asesinato “de Estado”- de los combatientes del Sinn Féin, por la autonomía de Irlanda. Igual sucede con Francia y los combatientes por la independencia de Argelia. Estos son dos ejemplos. Esa práctica, la ejecución extrajudicial, también es común en la mayoría de los países de América Latina. Cuba es una excepción.
La pena de muerte es una medida muy controvertida en nuestros días. Existe un vivo debate sobre ella. La creciente inseguridad que trae a nuestras sociedades el neoliberalismo, con el profundo deterioro de los valores humanísticos, producto del individualismo feroz y la descarada conversión de todo en mercancía, provoca la desesperación. Muchos sectores de la población creen que con penas mayores se podrá detener la oleada de robos, asesinatos, secuestros y violaciones. Y exigen se reinstale la pena capital. Por el contrario, muchas voces se expresan en contra de semejante medida al interior de cada uno de nuestros países. Como se dijo, son numerosos, noventa, los que la tienen hoy en día. Muchos otros no. Una u otra decisión, en cualquier caso, forma parte del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Cada uno lo debe resolver.
En el caso de Cuba, ¿debe subsistir la pena de muerte? ¿Debe ser abolida? También sobre esto hay un debate. El reverendo Lucius Walker, dirigente de Pastores por la Paz, por ejemplo, opina que debe desaparecer. Dice que Cuba no es uno más entre todos los países –137, dice él- que tienen en su legislación esa pena. Dice que siendo Cuba un país ejemplar en materia de derechos humanos, un país líder en el mundo por su humanismo, debería abolir la pena capital. Más todavía, opina que Cuba tiene la autoridad para encabezar una campaña mundial en contra de la pena de muerte. No es una opinión aislada. Muchos intelectuales sostienen la misma idea. Por otro lado, también hay intelectuales que opinan que se trata de un caso de legítima defensa. Esto, a partir del hecho real de que, como ya se dijo, Cuba está en estado de guerra con Estados Unidos. Se trata de una guerra que Cuba no quiere. Se la han impuesto. Y de una muy desigual, por cierto.
En el caso concreto de los tres fusilados, por ejemplo, es ilustrativa la opinión de Abel Prieto, destacado escritor, ministro de Cultura de Cuba. En entrevista de prensa contestó dos preguntas en relación con la aplicación de dicha pena en ese caso y con la permanencia de la misma en el código penal. Las preguntas fueron éstas: ¿cuántos datos hacen falta, en este caso tener en cuenta, hasta dónde debemos saber, qué tenemos que conocer para poder explicar la necesidad de estas medidas? ¿Y por qué Cuba, a su juicio, no puede permitirse abolir la pena de muerte de su código penal?
Y ésta la respuesta de Abel Prieto: te propongo sumar una vez más los siguientes elementos: 1) estímulo sistemático y cotidiano de la emigración ilegal, a través de la radio subversiva y con una ley que, con propósitos desestabilizadores y publicitarios, promueve el tráfico de personas y todo tipo de aventuras y muertes; 2) restricciones de la emigración legal que se hacen cada vez mayores en los últimos meses (sólo estaban entregando un número irrisorio de visas, siempre muy selectivas); 3) insólita concesión de la libertad bajo fianza en Miami a secuestradores armados que han llegado hasta allí el mismo día que se inicia la guerra contra Irak y usando el modus operandi de los que actuaron el nefasto 11 de septiembre; 4) advertencias oficiales a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos acerca de que considerará "una amenaza a la seguridad nacional" los secuestros de aviones o barcos; 5) multiplicación de los intentos de secuestros, cada vez más descabellados (se detectaron casi treinta planes diferentes), por parte de personas con antecedentes penales que han recibido muy claramente la señal emitida desde Miami y saben que no obtendrían jamás una visa por la vía legal. Si se hace una suma simple de todos estos elementos, es fácil llegar a la conclusión de que estábamos en presencia de toda una trampa para provocar un conflicto y había que tomar medidas drásticas para detener lo que prometía ser una oleada. No estamos en Cuba ante un enigma filosófico, sino ante la necesidad y el deber de defender la vida de once millones de cubanos y la obra de cuarenta años de Revolución. En cuanto a la pena de muerte, la detestamos y hemos evitado aplicarla durante años y estoy seguro de que algún día la aboliremos. Todo lo que hemos hecho en Cuba desde 1959 hasta hoy ha sido por la vida y para la vida.(145)
